El Defensor del Pueblo ha recordado a las administraciones competentes la importancia de instalar sistemas de videovigilancia en los centros penitenciarios para prevenir posibles casos de tortura y malos tratos.
La institución ha presentado el sexto informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que en 2015 realizó 62 visitas a lugares de privación de libertad y formuló 284 resoluciones.
El informe, que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, registró hoy en el Congreso de los Diputados, indica que el MNP inspeccionó centros situados en todo el territorio nacional. El principal objetivo de las visitas, no anunciadas previamente, es detectar posibles deficiencias que pudieran favorecer la comisión de torturas o malos tratos, o dificultar la investigación y sanción de este tipo de actos.
El MNP también examina el trato y las condiciones que se presta a las personas privadas de libertad y comprueba si se garantizan sus derechos fundamentales. Para ello, mantiene entrevistas individuales y reservadas con los detenidos y con la dirección y el personal de los centros visitados, y examina instalaciones, registros y documentación y sistemas de videovigilancia, entre otros aspectos.
Respecto a este último aspecto, señala que «se continúa insistiendo en las visitas en la importancia para la prevención de la tortura y los malos tratos de la existencia de sistemas de videovigilancia en todas las zonas comunes y espacios ‘críticos’, como las celdas de sujeciones mecánicas».
La responsabilidad para la institución del Defensor del Pueblo, en calidad de Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, supone el mantenimiento de una vigilancia constante sobre todos aquellos aspectos y circunstancias que afectan a personas privadas de libertad.
Por ello, en 2015 se han efectuado 62 visitas a centros de privación de libertad: comisarías del Cuerpo Nacional de la Policía, cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de la Policía local, de la Policía autonómica, calabozos de edificios judiciales, salas de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos, centros de internamiento de extranjeros, centros penitenciarios, establecimientos penitenciario militares, centros para menores infractores, centros sociosanitarios, operativos de traslados de extranjeros y unidades de custodia hospitalaria.
En total, este organismo realizó 284 resoluciones, de las que 58 son recomendaciones de mejora y 224 sugerencias, mientras que realizó dos recordatorios de deberes legales que deben cumplirse. La Administración ha aceptado 236 resoluciones.