El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también puso límites a la aplicación de la jurisdicción universal. En 2009 el Congreso sacó adelante una reforma que permite la justicia universal cuando los responsables se encuentren en España, hay víctimas españolas, o existe vínculo con nuestro país. Además, no debe haberse abierto otro proceso en un país competente.
La aprobación de esta modificación legal coincidió en un periodo de presiones diplomáticas por parte de EEUU e Israel para que se archivaran casos en los tribunales españoles. Los cables de Wikileaks revelaron en 2010 que EEUU presionó al Gobierno de Zapatero para «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA. El diario The New York Times recuerda este martes estas presiones, que se recogieron en los cables diplomáticos.
El Congreso validó la reforma legal justo cuando el presidente israelí, Simon Peres agradecía a Zapatero en Israel que se hubieran frenado procesos contra ciudadanos suyos. Por ejemplo, la Audiencia Nacional archivó un proceso contra militares por un bombardeo en la Franja de Gaza en junio de 2002 en el que murieron 14 civiles.
El Gobierno de Zapatero había prometido a Israel cambiar la ley en la justicia universal y así lo hizo. La reforma legal de 2009 no tenía carácter retroactivo, pero entonces se dijo que muchos procesos de la Audiencia Nacional acabarían tumbados por el principio de aplicar la cuestión procesal más favorable al preso.
En cuanto a las investigaciones en marcha, la de los vuelos secretos de la CIA está a punto de extinguirse, después de que la Fiscalía pidiera su archivo. En noviembre de 2013, la acusación popular pidió la imputación de cuatro funcionarios de Defensa y Exteriores, según publicó El País.
El caso de las torturas en la base de Guantánamo quedó archivado en noviembre de 2012, y en la causa por el genocidio de Tíbet, el salto se produjo este lunes cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la busca y captura de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin.
Organizaciones de derechos humanos y de acciones civiles denuncian que la propuesta del PP busca parar y archivar procesos en marcha, como el caso del Tíbet, Guatemala o Ruanda, y la causa de José Couso, que falleció en Irak en “un acto de guerra”, según el Supremo.