El pasado 28 de diciembre, un funcionario del Estado, flanqueado por una pareja de la Guardia Civil, fue a realizar una inspección a los campos de Xeraco (6.000 habitantes en la costa de la provincia de Valencia) para revisar los permisos de trabajo de las gentes del pueblo; en el lugar hay muchos jornaleros extranjeros -algunos contratados a través de ETT´s, otros no- y quería saber si todos tenían sus papeles laborales en regla.
En un momento de su recorrido, el inspector llegó a un campo donde había tres vehículos y, junto a ellos, tres personas: un jubilado de 78 años, su yerno y su consuegro; los tres se afanaban en limpiar las cañas secas de su pequeña finca.
El inspector, acompañado por la Guardia Civil, les preguntó donde estaban sus permisos y contratos de trabajo. Los tres hombres respondieron sorprendidos que carecían de ellos. La reacción del funcionario fue citarles para una sanción administrativa -es decir, una multa- de 1.000 euros.
La noticia de la multa recorrió el pueblo de punta a punta, causando malestar e indignación. Acto seguido, los lugareños reaccionaron convocando una reunión del Consejo Agrario en el Ayuntamiento de Xeraco para tratar de comprender qué le había pasado a tres de sus paisanos.
Invitación para abandonar la tierra
Desde entonces, los xeraquenses no hacen más que preguntarse, ¿qué puedo hacer en mi parcela y qué no puedo hacer? ¿Acaso un jubilado ya no puede ayudar en el campo? ¿No puedo ir a trabajar a la huerta sin que me sancionen? Y por la misma regla de tres, ¿un jubilado tampoco puede limpiar su propia casa?
Avelino Mascarell, alcalde del PP de Xeraco, responde que “cuestiones como las señaladas todavía están por aclarar. La oficina de la Inspección de Trabajo de Valencia y la Delegación del Gobierno van a enviar unos técnicos para que hablen en el Consejo Agrario y nos expliquen qué es lo que hay. Y, cuando lo tengamos claro, daremos una charla. El ayuntamiento está del lado de los agricultores, incluidos los jubilados, y quiere defender nuestras tierras y cultivos, pero tampoco queremos fraudes”.
Mascarell asegura que en el ayuntamiento de Xeraco son conscientes de que si no se ponen facilidades para cultivar el campo, la gente joven acabará por abandonarlo para siempre. “Y si nadie cultiva sus naranjas y limpia de maleza sus tierras, el campo se echará a perder y la huerta valenciana dejará de ser una economía productiva”, señala el regidor.
Pero Mascarell también considera que se da “una cierta picaresca” cuando las personas que están cobrando su subsidio de desempleo, al mismo tiempo, trabajan en el campo. “Y también hay jubilados que trabajan como jornaleros mientras hay gente joven en el paro, pero lo que no hay que hacer es perseguir a los labradores que cultivan su trocito de tierra”, precisa el alcalde de este pueblo de fuerte tradición agrícola, donde casi todos los vecinos son minifundistas.
La ley y la justicia
Ahora bien, la nueva ley, que entró en vigor en enero de 2012, no entiende de distinciones: cualquier agricultor, jubilado o no, si produce en su huerto un beneficio equivalente al salario mínimo interprofesional, tiene que darse de alta en la Seguridad Social. De lo contrario, será sancionado.
Vicente Estruch, asesor jurídico del ayuntamiento de Xeraco, conoce bien los entresijos de la nueva legislación: “Se trata de la Ley 28/11 del 22 de septiembre de 2011, que efectivamente entró en vigor el uno de enero de 2012. Lo que hace es integrar en el régimen especial autónomo de la Seguridad Social a todos los trabajadores del campo con intención de dotarlos de derechos laborales. Pero esta ley, que tiene alcance nacional, no reconoce las idiosincrasias particulares de cada región”.
Estruch pone el ejemplo del campesino con media hectárea de terreno que trabaja personalmente su pequeña parcela para que sea algo rentable. “Con esta nueva ley en la mano”, según Estruch, “queda vetado que otra persona vaya a echar una mano a la parcela y luego cobre un pequeño jornal, que ahora pasa a estar considerado como dinero negro”.
Este abogado, que está al tanto de la historia de los campesinos multados, señala que el inspector les requirió un moderno contrato de trabajo, cuando la realidad del campo valenciano todavía es foral. “La tierra te la trabajas tú y la disfrutas tú, aquí no hay grandes extensiones ni latifundios”, comenta Estruch.
Pero la nueva ley es inflexible y exige un contrato social. Por eso se abrió el expediente sancionador a los tres xeraquenses. “Al final, los tres labradores han sido apercibidos pero no sancionados. Pero si reinciden, serán sancionados con una multa más grave. Esta es una ley de ámbito nacional. Mantenerla o quitarla depende del Gobierno o el Tribunal Constitucional”, concluye Estruch.