El diario The New York Times advierte en un artículo sobre la propuesta del PP de limitar la justicia universal que China es un inversor importante, que posee una parte relevante de la deuda en España y que es un mercado en expansión para la industria española alimentaria y del vino.
La cabecera estadounidense ha publicado este martes en la portada de su edición digital una información sobre la propuesta de reforma de las condiciones de la justicia universal. En ese artículo, el diario señala que ningún país como España ha sido tan firme en la aplicación de la doctrina de la justicia universal, promoviendo procesos notorios en el mundo, como el arresto y la causa contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, y casos contra milites de Argentina, Israel o soldados estadounidenses que combatieron en Irak.
La Audiencia Nacional ordenó ayer la detención contra el expresidente chino Ziang Zemin por crímenes de lesa humanidad en la persecución del Tíbet. La reacción de la diplomacia china fue de tremendo malestar y enfado, y al mismo tiempo de presión al Gobierno para que pare el proceso judicial
“¿Cómo de importante es China para España? Es relevante y tiene el potencial de ser más importante”, explica a rotativo Miguel Otero, investigador del Instituto Elcano.
El diario recuerda que, como Estados Unidos, Europa ha intentado equilibrar una postura entre la transigencia y la confrontación en las relaciones diplomáticas con China, que también en la UE es uno de los principales socios comerciales.
“Pronto China dirá cómo se aplicará la legislación internacional”, denuncia Alan Cantos, demandante en el proceso de genocidio contra China.
Peter J. Spiro, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Temple, considera que la jurisdicción universal es una doctrina importante, pero su aplicación ha sido limitada porque los esfuerzos para ampliar el campo de actuación han ido más rápido que el consenso político. Y añade: «No solo se trata de que China esté en contra, sino de que se está un poco fuera de sintonía con las normas internacionales que prevalecen en las cuestiones de jurisdicción”.
El diario recuerda que la regulación de la justicia universal ya se modificó en 2009, en un momento de fricciones diplomáticas por las investigaciones judiciales en España relacionadas con los vuelos secretos de la CIA y la prisión de Guantánamo.
La propuesta que plantea ahora el PP y que se discutirá en el Congreso es que los jueces puedan iniciar procesos por crímenes de guerra y contra la humanidad cuando el sospechoso tenga la nacionalidad española, o el extranjero resida en España o cuya extradición haya sido denegada. Estos mismos límites se aplicarán en las causas por tortura.