Ha tenido que ser en Cambados, la cuna del alvariño, donde un juez ha hecho por fin justicia de verdad en el asunto de las participaciones preferentes. A estas horas, los más ortodoxos se tiran de pelos: “Tuvieron que firmar decenas de papeles. ¿Acaso no saben leer ni escribir? Ahora va a resultar que todos los que compraron títulos preferentes son unos pobres ingenuos”. Jamás este argumento ha sido tan injusto.
Efectivamente, el 99% de los clientes de las entidades de ahorro no habían oído en su vida el término preferentes. Pero no hay que sorprenderse: el mismo porcentaje no sabe lo que es la tasa anual equivalente (TAE), ni la rentabilidad por dividendo, ni los swaps. Productos como este último, que obligarían a cualquier ciudadano de a pie con licenciatura pero sin formación económica a realizar un exhaustivo cursillo sobre la materia, han sido vendidos también con condiciones leoninas.
A favor del banco, claro. Y si el incauto firmante del contrato no sabe predecir los movimientos del Euribor a dos años vista, ese es su problema. Con lo fácil que es… La sentencia contra Novagalicia Banco, que declara nulo un contrato de compra de preferentes, obliga a devolver toda la inversión más los intereses a un denunciante que fue a contratar un depósito. El banco arguye que este empleado de almacén pasó lo que denomina como test de idoneidad. Esperpéntico.
La sentencia es un precedente peligrosísimo para las entidades financieras. Sólo las tres entidades nacionalizadas –Bankia, Catalunya Caixa, y Novagalicia- mantienen un saldo vivo de 4.500 millones de euros. Se trata de emisiones que en muchos casos ya ni marcan precio en los mercados en los que cotizan y en las que los inversores acumulan números rojos de entre el 25% y el 65%.
Por lo tanto, prepárense para lo que viene. No tardarán en llegar las campañas de desprestigio contra la sentencia, a la que se tachará de populista y demagógica. Todo para evitar tener que realizar devoluciones millonarias, como aquellas a las que tendría que hacer frente Bankia, que se juega más de 3.000 millones en el asunto a tres días ya del primer aniversario de su salida a bolsa. Esa estafa consentida que se ha comido el 90% de los ahorros de los incautos a los que se vendieron acciones como si fuera renta fija: “Son títulos muy buenos con una rentabilidad por dividendo del 7%”, se oía en las oficinas de Bankia hace ahora doce meses.
Con la banca española ya oficialmente intervenida, Bruselas ha cerrado la puerta a cualquier canje por otros productos –acciones o depósitos- que valore estas participaciones preferentes más de un 10% por encima de los precios de mercado. Europa condena por lo tanto a los inversores a una pérdida segura que, visto lo visto en Cambados, sólo podrá ser evitada en los tribunales.
Lo que viene es una batalla legal de altísimos vuelos en la que no se la juegan sólo los bancos. El Gobierno también puede salir salpicado de cara a una opinión pública de uñas. ¿Por qué? Bruselas no quiere cargar con las miserias de nadie y ha dicho que si alguien debe hacer el esfuerzo para cubrir la pérdida de los inversores, ese debe ser el Estado con cargo a los presupuestos.
Una alternativa atroz para Rajoy, con la hucha vacía y un saco de problemas en las espaldas. Pero eso es una cosa y otra que el Gobierno ponga en solfa sentencias como la dictada en Cambados. Sería impopular y, sobre todo, injusto. Por lo tanto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Con los bancos afectados quebrados y el Ejecutivo atado de pies y manos, los jueces se han convertido en la última esperanza de 200.000 afectados, víctimas de una colosal estafa cuyos efectos deben ser reparados. La sentencia de la juez Olga Martín sólo puede ser calificada como valiente y ejemplar.