La consejera de Empleo y Turismo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha defendido que lo que hace la ley es «revalorizar los bienes integrantes del patrimonio histórico», mejorar la gestión de ese legado y garantizar su conservación haciéndolo compatible con la actividad económica.
Según Mariño, la ley recoge «principios novedosos» basados en los de la UNESCO y otros organismos y constituye «un modelo que entiende el patrimonio como algo vivo, porque el patrimonio de la Comunidad de Madrid puede y debe seguir acomodándose a la realidad», estableciendo «equivalencias entre su conservación y mejor aprovechamiento económico y también social».
La consejera ha destacado la importancia del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico que se va a crear, así como que se simplifica la normativa, se eliminan duplicidades y los ayuntamientos ganan en autonomía, y ha pedido a la oposición antes de la votación «altura de miras y visión de futuro» en lo que respecta a esta ley, «porque es el futuro de nuestro patrimonio».
El diputado socialista Modesto Nolla ha criticado que el PP haya metido una enmienda sobre suelo y Eurovegas, y ha advertido de que «la consecuencia de esta ley va a ser que las futuras generaciones de madrileños recibirán un patrimonio histórico deteriorado, al igual que van a recibir peor educación, peor sanidad, peores servicios a los dependientes».
«El respeto al patrimonio histórico no deja de ser una forma de respeto a las generaciones que nos precedieron y nos legaron esta importante herencia y a la vez de respeto a las generaciones que nos han de suceder», ha manifestado, para afirmar que este proyecto de ley no supone ese respeto al patrimonio ni a las generaciones pasadas y futuras.
PSOE: «DÍA NEGRO PARA EL PATRIMONIO»
«Hoy será un día negro para el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, porque es un texto aberrante que favorece el expolio y la destrucción del patrimonio histórico de nuestra comunidad», ha aseverado Nolla, quien ha mencionado la oposición de «expertos, catedráticos, arqueólogos, arquitectos y entidades en defensa del patrimonio histórico».
Tras recordar que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, se ha preguntado cómo se va a cumplir este mandato con una norma que, entre otras cosas, «implica que basta con guardar en un cajón la solicitud de un propietario particular durante dos meses para que ese propietario pueda hacer las obras que le vengan en gana en un bien protegido del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid».
«Cada vez que en el futuro se produzca el expolio, la destrucción de un bien de la Comunidad de Madrid, los responsables tendrán nombre y apellidos: Ignacio González, Ana Isabel Mariño y cada uno de los diputados que hoy voten a favor», ha sentenciado Nolla, para quien «la codicia está en la base de esta ley».
IU INTENTARÁ CAMBIARLA EN EL CONGRESO, BRUSELAS O LA UNESCO
Por su parte, el portavoz de IU en la materia, Joaquín Sanz, ha criticado que el PP «no ha tenido ganas de buscar ningún tipo de acuerdo ni consenso» en torno a esta ley, que «viene a desregular todo lo que es la defensa del patrimonio histórico», a pesar de que la ley anterior fue aprobada por todos los grupos.
«Si la ley era mala, peor fueron las enmiendas que se introdujeron a última hora para ponerse al servicio de Adelson o de alguien más», ha criticado, en referencia a la enmienda con la que se modifica el artículo 45.5 de la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo para obligar a los Centros Integrados de Desarrollo, como Eurovegas, a llevar a cabo las inversiones comprometidas para no perder proporcionalmente el monopolio de diez años que les corresponde.
Sanz ha advertido de que la ley podría permitir que si se descubriera una villa romana en un solar quedara «para beneficio» del propietario de ese terreno. Además, ha avanzado que tratarán de cambiarla en el Congreso de los Diputados, Bruselas e incluso, en la UNESCO.
UPyD: «EL OBJETIVO ES MODIFICAR A LA BAJA EL GRADO DE PROTECCIÓN»
En palabras del portavoz de UPyD en la materia, Juan Luis Fabo, la ley contiene elementos concretos que producen «una disminución muy notable del grado de protección sobre los bienes culturales». «Creemos que, de hecho, ese es el objetivo de la ley, modificar a la baja el grado de protección», ha manifestado. «Esto se hace en favor de una gestión económica más rentable a corto plazo», ha considerado Fabo, quien ha apostado por «una buena gestión económica pero no a costa de la protección, que es claramente lo que hace» la nueva ley.
También ha hecho hincapié en la «posición inamovible» del Gobierno regional en lo que respecta a las más de veinte enmiendas parciales presentadas por su grupo, «en busca de una modificación que atenuase esas herramientas que se introducen, como el silencio positivo, el acortamiento de los plazos, todas ellas dirigidas a producir esa disminución en el grado de protección».
Mientras tanto, el portavoz del PP en materia de cultura, Bartolomé González, ha opinado que era necesario adaptar la ley a la situación actual siempre bajo el principio «de la defensa del patrimonio por encima de todo». «El primer mandamiento del que surge esta ley es seguir protegiendo el patrimonio de todos los madrileños», ha señalado y ha defendido que la ley busca «agilizar trámites» . Así, ha considerado que la norma «está a la medida de la defensa del patrimonio y pretende que el patrimonio no sea un lastre sino un revulsivo a la hora de generar riqueza».
En cuanto a la enmienda con la que el PP se garantiza las inversiones comprometidas en la Comunidad, ha defendido que eso supone que «el inversor que llega a la Comunidad de Madrid cumpla esos compromisos y si no, se le pueda penalizar».
La ley establece que el Gobierno regional asesorará a los promotores de nuevos proyectos económicos para hacerlos compatibles con la protección de los edificios desde un comienzo con el fin de ahorrar en trámites y modificaciones posteriores.
Con el anteproyecto de Ley se establecerán dos niveles de protección: un régimen de BIC (Bien de Interés Cultural) y un segundo régimen de protección equivalente a los bienes incluidos actualmente en inventario, que pasa a denominarse Bienes de Interés Patrimonial (BIP), todo ello, sin perjuicio del deber genérico de conservación para cualquier bien integrante del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y de la protección urbanística que se llevará a cabo por parte de los ayuntamientos.
Los procesos de protección de los BIC y BIP quedarán en manos de la Comunidad, mientras que los consistorios velarán por la protección del resto de los inmuebles catalogados que puedan tener valor histórico, con independencia del año de construcción.
Asimismo, los propietarios de inmuebles situados en el entorno de edificios y lugares protegidos podrán realizar obras en el interior de sus edificios sin autorización.
Por otra parte, la Comunidad deberá contestar en un máximo de dos meses a las solicitudes de intervención en cualquier BIC o BIP y si no hay respuesta, el silencio administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP.