El Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía ha denunciado la publicación por parte del director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, de un comunicado en el que, a su juicio, «induce a los profesionales de enfermería al incumplimiento» de la ley en materia de prescripción enfermera. Para Satse, tanto la fórmula de comunicado empleado como el contenido del mismo en referencia a la aplicación del Real Decreto que regula la prescripción enfermera «deja a los profesionales de enfermería andaluces en una grave situación de indefensión, poniendo en riesgo la asistencia que ofrecen a los ciudadanos».
En concreto, según una nota de prensa, Satse se refiere al comunicado publicado por Aranda sobre el RD 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras, en el que defiende que la normativa autonómica en esta materia sigue plenamente vigente y por tanto, «las enfermeras y enfermeros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, pueden seguir realizando sus actuaciones específicas en el ámbito de la prestación farmacéutica de acuerdo con el Decreto autonómico».
Sin embargo, Satse, recalca que, «lamentablemente, la norma andaluza ha quedado anulada por el carácter de normativa básica del RD estatal, circunstancia que interesadamente obvia el gerente del SAS trasladando la responsabilidad de incumplir la ley a los propios profesionales», hecho de «extrema gravedad y que puede generar graves problemas a los involucrados, además de demostrar una absoluta falta de respeto a la profesión enfermera, ninguneando su criterio profesional respecto a la aplicación de una norma básica estatal». En este sentido, el sindicato se pregunta si Aranda para dirigirse a sus compañeros de profesión «les trasladaría un simple comunicado general sin destinatario concreto».
Satse quiere dejar claro, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, su rotundo rechazo al contenido del Real Decreto 954/2015 y las consecuencias que su retrógrada redacción tienen para el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y para la seguridad de los profesionales. Sin embargo, al tratarse de una norma estatal, asegura que «no existe forma alguna de evitar su aplicación, que los profesionales sanitarios están obligados a acatar y cumplir en toda su extensión».
Dichas consecuencias son, por ejemplo, que para que los enfermeros puedan indicar, usar o autorizar la dispensación de cualquier medicamento (sujetos y no sujetos a prescripción médica) o producto sanitario, deberán contar con la correspondiente acreditación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Mientras ésta no exista, los enfermeros «están obligados a ejercer su actividad en el ámbito exclusivo de la administración de medicamentos y productos sanitarios, previa prescripción del médico efectuada por escrito en la historia clínica del paciente».
COMUNICAR AL RESTO DE PROFESIONES IMPLICADAS
La Gerencia del SAS, subraya Satse, «desdeña en su comunicado estas formalidades, pero un documento que en ningún caso otorga cobertura legal a los profesionales ya que sólo expresa una opinión personal y no una orden, resolución o instrucción formal al respecto». Para el sindicato, tal fórmula utilizada «es sibilina, medrosa e impropia» de un órgano de dirección, toda vez que «genera más incertidumbre y supone por su parte una verdadera dejación de funciones que perjudica seriamente a la institución a la que representa y a los propios ciudadanos».
De igual forma y en cumplimiento de la norma estatal, Satse reclama del gerente del SAS que «dé cumplida información personalizada» de la vigencia del RD en todos sus términos también a otros profesionales del equipo multidisciplinar para que sean conocedores de sus responsabilidades individuales respecto del diagnóstico, la prescripción, la elección del protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir validado conforme el RD.
Satse recuerda que dichas actuaciones, según la norma estatal, deberán ser objeto de seguimiento por el profesional prescriptor a los efectos de su adecuación al protocolo, así como de la seguridad del proceso y la efectividad conseguida por el tratamiento, circunstancias y condicionantes que el sindicato entiende «son trascendentales para el cumplimiento del RD».
Por su parte, el sindicato UGT valora la intención de «apoyar» las actuaciones de los profesionales, pero asegura que esta intención «debería de ser más contundente y especifica», toda vez que se muestra en desacuerdo con la redacción que la Administración especifica en su respuesta «esta Dirección Gerencia estima», cuando, apunta, «lo que realmente están esperando nuestras enfermeras y enfermeros es que se exprese por escrito que la Consejería de Salud avala, respalda y autoriza a seguir prestando los mismo servicios que hasta ahora realizan».
Con ello, dice que entienden que es la consejería la que «asumiría la responsabilidad de las actuaciones que vienen desarrollando actualmente los profesionales y evitarían la auténtica ansiedad que se está viviendo en los centros con las dudas que han surgido a raíz de la publicación del Real Decreto estatal».
Por otro lado, UGT critica que dicho escrito «no ha sido ni consensuado, ni explicado con anterioridad a los legítimos representantes de los trabajadores», a pesar de que «le hemos solicitado por escrito explicaciones y actuaciones que aclaren la situación creada», al tiempo que lamenta que desde la Mesa de la Profesión Enfermera «estén más ocupados en seguir confundiendo a los profesionales que de dar solución a lo que ellos han provocado, ya que no debemos de olvidar que han sido los que han negociado en exclusiva el citado Real Decreto, impidiendo la participación de los demás sindicatos».
UGT defiende así que los enfermeros «necesitan más que nunca una postura única y conjunta de apoyo a la labor diaria que desarrollan», por lo que «exigen una reunión conjunta de todas las partes implicadas –Administración, sindicatos, sociedades científicas– y que los «firmantes» de dicho RD «dejen de mirar solo y exclusivamente por sus intereses particulares». «Entendemos que es el consejero de Salud quien debería tomar la iniciativa con el objetivo de buscar una respuesta que transmita seguridad a los profesionales y al conjunto de la ciudadanía andaluza, para lo cual contará con UGT Andalucía», concluye.
IMPUGNAR EL REAL DECRETO
Por último, Satse reclama al SAS y a la propia Consejería de Salud que «deje de demorar la impugnación» del Real Decreto de prescripción enfermera y de pedir la suspensión cautelar de la aplicación del art 3.2, tal y como ya ha hecho el propio sindicato ante el Tribunal Supremo y varias comunidades autónomas, pues «es la única fórmula para paralizar su aplicación efectiva y el retroceso que implica para el desarrollo profesional de la enfermería», concluye.